Canal de Denuncias

¿Qué es el Canal de Denuncias?

El Canal de Denuncias es una vía de comunicación interna que VIEJOREY SL (CIF B10778181), domiciliada en Calle Fuerteventura, C. Valle Ancho, La Pared, pone a disposición de todas las partes interesadas. Su objetivo es facilitar la comunicación de comportamientos delictivos, poco éticos o irregulares dentro de la propia organización, sus empleados o terceros que tengan alguna relación con la compañía.

El canal actúa como herramienta de control interno que permite detectar y prevenir irregularidades, garantizando las buenas prácticas y evitando que la empresa se enfrente a responsabilidades penales derivadas de la mala praxis empresarial.

Principios del Canal

• Accesibilidad. Canal fácil y rápido de usar para todos los usuarios.
• Confidencialidad y anonimato. La identidad del denunciante queda protegida en todo momento frente a posibles represalias.
• Buena fe. Las comunicaciones deben realizarse con convicción en cuanto a la verdad y exactitud de su contenido.
• Objetividad e imparcialidad. Las denuncias se gestionan bajo los mismos criterios, con independencia de quién las realice o sobre quién versen.
• Confidencialidad. Toda información relacionada con el proceso de denuncia e investigación es estrictamente confidencial.
• Régimen sancionador. Se aplican sanciones proporcionales por el incumplimiento de la normativa interna o legal.

¿Qué irregularidades se pueden comunicar?

El canal está habilitado para informar sobre infracciones en los siguientes ámbitos:

• Contratación pública
• Servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
• Seguridad de los productos y conformidad
• Seguridad del transporte y protección del medio ambiente
• Protección frente a radiaciones y seguridad nuclear
• Seguridad de los alimentos, sanidad animal y bienestar de los animales
• Salud pública y protección de los consumidores
• Protección de la privacidad y de los datos personales
• Infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea
• Acciones u omisiones constitutivas de infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública o la Seguridad Social

¿Quién puede usar este canal?

El canal puede ser utilizado por cualquier persona que haya obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo:

• Trabajadores y funcionarios
• Autónomos y trabajadores no asalariados
• Accionistas y miembros del órgano de administración, dirección o supervisión
• Voluntarios y trabajadores en prácticas, perciban o no remuneración
• Personas que trabajen bajo la supervisión de contratistas, subcontratistas y proveedores
• Ex trabajadores y personas cuya relación laboral aún no haya comenzado (si la información se obtuvo durante el proceso de selección)

¿Cómo funciona el procedimiento?

Las denuncias deben presentarse de forma escrita a través del formulario accesible mediante el código QR. El proceso garantiza:

• Acuse de recibo en un plazo máximo de 7 días desde la recepción.
• Investigación imparcial por un departamento independiente designado al efecto.
• Respuesta motivada en un plazo máximo de 3 meses (ampliable a 6 en casos de especial complejidad).
• Posibilidad de presentar la denuncia de forma anónima. En caso de identificarse, la entidad garantiza la confidencialidad de los datos.
• Remisión inmediata al Ministerio Fiscal si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.

La gestión es realizada por BSCert Europe, entidad independiente de certificación y homologación, que garantiza independencia, confidencialidad y protección de datos en todo el proceso.

Garantías y prohibición de represalias

La entidad ha adoptado las medidas necesarias para prohibir toda forma de represalia contra el denunciante, incluyendo:

• Suspensión, despido o destitución
• Degradación o denegación de ascensos
• Cambio de puesto, reducción salarial o cambio de horario
• Evaluaciones o referencias negativas
• Coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo
• Daños a la reputación o pérdidas económicas